El Tribunal Constitucional de Italia elimina el requisito de idioma para la ciudadanía en casos de discapacidad o vulnerabilidad.
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El Tribunal Constitucional de Italia ha emitido una decisión histórica al declarar inconstitucional la exigencia de demostrar conocimientos intermedios de italiano (nivel B1) para quienes solicitan la ciudadanía italiana por matrimonio o naturalización. Este fallo, que beneficiará especialmente a personas con discapacidad o enfermedades graves, marca un hito en la legislación italiana y abre el camino hacia un proceso de naturalización más inclusivo y accesible.
La resolución se produjo en respuesta a un recurso presentado por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia Romaña, que cuestionaba la validez de la normativa introducida por el *Decreto de Seguridad* de 2018. Dicha normativa modificó la Ley 91 de 1992, estableciendo la obligatoriedad de acreditar un nivel B1 de italiano para obtener la ciudadanía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que este requisito violaba el principio de igualdad consagrado en la Constitución italiana, al resultar desproporcionado y discriminatorio para personas con discapacidad intelectual grave o condiciones de vulnerabilidad.
En su sentencia, el tribunal subrayó que las personas mayores y aquellas con discapacidad debidamente certificada quedan exentas de la prueba de idioma, ya que este requisito no se ajusta a sus circunstancias particulares. Además, la corte invocó el principio jurídico *"ad impossibilia nemo tenetur"* (nadie está obligado a hacer lo imposible), respaldando así su decisión de eliminar una barrera que, para muchos, resultaba insuperable.
Este fallo no solo refleja un compromiso firme con los principios de igualdad e inclusión, sino que también garantiza un acceso más justo a la ciudadanía italiana para quienes históricamente han sido marginados por políticas restrictivas relacionadas con el idioma. A raíz de esta decisión, Italia deberá modificar su legislación para eximir del requisito lingüístico a aquellos extranjeros que, por razones médicas o de edad, no puedan aprender italiano o demostrar su dominio del idioma.
La eliminación de este requisito representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad o condiciones de salud graves, permitiéndoles acceder a la ciudadanía sin enfrentar obstáculos lingüísticos que, en muchos casos, les habrían impedido completar el proceso. Con esta medida, Italia se posiciona a la vanguardia de las políticas de inclusión y accesibilidad en materia de ciudadanía, sentando un precedente importante para otros países.
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