Venezuela redefine su futuro petrolero: la mayor transformación en 50 años.
La nueva Ley de Hidrocarburos rompe el monopolio estatal, permite operaciones privadas directas y establece incentivos fiscales históricos para reactivar una industria en crisis.
Caracas, enero de 2026 – Con la aprobación este jueves de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Venezuela ha iniciado la transformación más profunda de su industria petrolera desde la nacionalización de 1976. Por primera vez en medio siglo, empresas privadas –nacionales y extranjeras– podrán explorar, extraer, transportar y, lo más significativo, comercializar directamente petróleo venezolano sin necesidad de asociarse obligatoriamente con la estatal PDVSA.
Esta reforma representa un giro de 180 grados respecto al modelo estatista consagrado en la Constitución de 1999 y las leyes petroleras de 2001 y 2006. El gobierno busca con esta medida atraer capitales frescos y tecnología para rescatar una industria que ha visto caer su producción a mínimos históricos, pasando de más de 3 millones de barriles diarios a finales de los 90 a menos de 500.000 barriles en los últimos años.
El fin de un monopolio de medio siglo.
La historia petrolera venezolana moderna se había escrito bajo un principio inamovible: el Estado como dueño y operador único. Desde que Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria en 1976, pasando por la apertura limitada de los años 90 hasta el reforzamiento del control estatal bajo Hugo Chávez en 2006, PDVSA había mantenido el dominio casi absoluto.
“Estamos presenciando un cambio de paradigma que supera incluso la apertura petrolera de los años 90”, explica la abogada especializada en energía María Fernanda Larez. “Antes, las empresas privadas solo podían participar mediante acuerdos operativos o como socios minoritarios en empresas mixtas. Ahora pueden operar y vender directamente”.
Los cinco pilares de la reforma.
1. Operaciones privadas directas
La nueva ley crea un sistema de contratos que permite a empresas privadas acceder directamente a áreas petroleras, utilizar infraestructura existente y recibir una porción del petróleo producido como compensación, sin necesidad de formar empresas mixtas con PDVSA. Estos contratos quedan fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones Públicas, otorgando amplia discrecionalidad al Ejecutivo.
2. Derecho a comercialización internacional
Quizás el cambio más radical: las empresas privadas y los socios minoritarios de empresas mixtas podrán vender petróleo en mercados internacionales con autorización del Ministerio de Hidrocarburos. Además, se les permite abrir cuentas bancarias en cualquier jurisdicción para manejar los fondos generados, una flexibilización crucial en el contexto de sanciones financieras internacionales.
3. Reducción fiscal histórica.
La reforma establece incentivos tributarios sin precedentes:
· Regalías: Se mantiene la tasa base del 30%, pero con posibilidad de reducción indefinida si se demuestra que un proyecto la requiere para ser viable económicamente.
· Eliminación de múltiples impuestos: Desaparecen el impuesto superficial, al autoconsumo, general al consumo, a la extracción y al registro de exportaciones.
· Nuevo impuesto integrado: Se crea un gravamen único de hasta el 15% sobre ingresos brutos, también reducible según necesidades del proyecto.
· Exenciones amplias: Las empresas quedan exentas de impuesto al patrimonio y varias contribuciones especiales, además de impuestos estatales y municipales.
· Reducción de impuesto sobre la renta: Actualmente en 50%, podrá reducirse cuando sea necesario para el equilibrio económico del proyecto.
4. Menos control parlamentario, más arbitraje.
La reforma reduce significativamente la supervisión legislativa:
· La creación de empresas mixtas ya no requiere aprobación de la Asamblea Nacional, solo autorización presidencial y notificación posterior al parlamento.
· Se permite el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, aunque persiste la tensión con el artículo 151 constitucional que limita los contratos de interés público a tribunales venezolanos.
5. Transición para actores existentes
La ley otorga 180 días al Ministerio de Hidrocarburos para evaluar y ajustar la situación de las empresas mixtas existentes. PDVSA y sus filiales tendrán ese mismo plazo para adaptar los contratos de participación vigentes. Durante esta transición, se mantendrá el régimen fiscal anterior a la reforma.
Derogaciones que reescriben la historia.
La nueva ley no solo crea un marco nuevo, sino que borra gran parte de la arquitectura legal del ciclo petrolero anterior:
· Deroga la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios (2013) que gravaba fuertemente los ingresos en épocas de precios altos.
· Elimina la Ley de Regularización de la Participación Privada (2006) que acabó con los acuerdos operativos de los 90.
· Anula la Ley de 2009 que reservaba al Estado los bienes y servicios petroleros, medida que en la práctica fue una expropiación masiva.
“Las derogaciones son totales, no parciales como se planteó inicialmente”, explica Larez. “Esto abre interrogantes sobre los efectos jurídicos retroactivos sobre empresas y activos afectados por esas normas entre 2006 y 2009”.
Tensiones constitucionales y desafíos.
El cambio más profundo desde 1976 no está exento de controversias:
El debate constitucional.
La Constitución de 1999 reserva al Estado la actividad petrolera y la propiedad de los yacimientos. Aunque la nueva ley mantiene que la propiedad última de los hidrocarburos recae en la República, el esquema de operación privada directa cuestiona el alcance práctico de esta reserva estatal.
Discrecionalidad vs. Seguridad jurídica.
El Ejecutivo mantiene amplias facultades discrecónomicas: autorizar operaciones, reducir impuestos, negociar contratos. Esto genera inquietud sobre la estabilidad de las reglas del juego a largo plazo.
Reversión sin compensación.
Al finalizar los contratos, las empresas deben devolver los activos originales y transferir sin indemnización los activos incorporados durante la vigencia del contrato.
Fin del FONDEN.
La derogación de la ley de precios extraordinarios elimina el mecanismo que financiaba el Fondo Nacional de Desarrollo, lo que afectará los ingresos del Estado en períodos de precios altos.
¿Un nuevo ciclo histórico?
La reforma llega en un momento crítico para Venezuela. Con reservas probadas de petróleo más grandes del mundo pero una producción en mínimos históricos, el país necesita desesperadamente inversión y tecnología para recuperar su industria emblemática.
“El gobierno enfrenta una disyuntiva: mantener principios ideológicos o rescatar la industria que financia el país”, analiza Gutiérrez. “Con esta ley, ha elegido lo segundo, incluso a riesgo de tensionar el marco constitucional”.
Los próximos meses serán cruciales. La comunidad internacional observará si estas nuevas condiciones logran atraer inversionistas dispuestos a asumir riesgos en un país aún bajo sanciones y con una historia reciente de nacionalizaciones. Las empresas mixtas existentes tendrán que adaptarse al nuevo marco, y probablemente veremos los primeros contratos con operadores privados puros.
Medio siglo después de la nacionalización que definió una era, Venezuela reescribe las reglas de su principal activo. La pregunta que queda en el aire es si esta transformación requerirá eventualmente una reforma constitucional para consolidarse, o si el país encontrará en este nuevo marco el camino para recuperar su posición en el mercado petrolero mundial.
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Publicación: Veneglobalabg / Edición : Miguel Alberto Rodríguez Chávez / Cortesía : Libro - 1000 Formas De Hacer Dinero by: Miguel Alberto Rodríguez Chávez -
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